Después de vivir tantos años en el extranjero, he quedado sorprendido,  leyendo en un diario que el 71% de los chilenos piensa que seremos un país desarrolladlo muy pronto. Probablemente, después de leer este documento, nos daremos cuenta que en nuestro país, el sector público y privado no cumple casi con ninguna de las obligaciones que los gobiernos están dispuestos a garantizar a la ciudadanía por medio del Estado. Porque, simple y llanamente, no respeta los derechos humanos. En un país desarrollado las empresas ofrecen servicios básicos como gas, electricidad, agua, o las empresas que administran los edificios no pueden cortar ninguno de los servicios, porque son derechos básicos de los seres humanos, por no pago.
Eso es contrario al respeto de los derechos humanos, que son estándares de prácticas comunes, de leyes y que se aplican en los países desarrollados. Sin ir más lejos, después del terremoto, en el edificio donde vivía que no se cayó por un milagro, estuvo inhabitable por un mes o más, y me llego la cuenta de la luz por 600 mil pesos. Fui a la compañía, hablé con la persona en el mostrador y me dijo que tenía que pagar o hacer un convenio. Le expliqué que no había habitado en el edificio por casi dos meses, cómo podía llegar una cuenta de esa magnitud. Y me dijo: “Tiene que pagar o le van a cortar la luz”.
Quedé muy sorprendido, y solicité hablar con un superior. Todo de nuevo, la persona me dijo “pague o le van a cortar la luz”. Pedí hablar con el gerente general, no logré llegar, porque en un punto que me dijeron: “Vaya al Sernac o llamaremos a los guardias”, “pague los 600 mil pesos o le cortarán la luz”. Terminé pagando, solo de pensar en ir al Sernac ya había pasado por ahí. No hace nada y no tiene ninguna atribución. Para qué hablar de los celulares.
Pero me parece una ironía hoy, a cuatro años del terremoto, escuchar a dos señoras de la tercera edad que les habían cortado la luz y no tenían dinero para hacer un convenio. Se me vino a la cabeza todo lo que me ocurrió en el 8.8 y me pregunté cómo la gente puede creer que dentro de poco seremos un país desarrollado, si las empresas cortan los servicios básicos que están garantizados por las Naciones Unidas y que nuestro país ha firmado acuerdos por velar porque  esos derechos sean garantizados.
Si eso ocurriera en un país desarrollado, el encargado iría a la cárcel, porque no estaría cumpliendo con el respeto a esos derechos fundamentales, naturales, inherentes e inalienables que no pueden ser ignorados, como lo son en nuestro país, donde los seres humanos no pueden satisfacer sus necesidades básicas.
Un Estado debe garantizar que a cada persona se le otorgue las condiciones capaces de satisfacer sus necesidades básicas. Este es el momento, la oportunidad de que todos pensemos en que el ser humano es lo más importante. Porque si no respetamos los derechos de todos no podemos reflexionar y menos soñar en ser un país desarrollado. Me indigna que ver personas ancianas sean tratadas de esa forma. Candidatos a diputados, senadores y presidentes, tienen la palabra.

Bernardo Javalquinto